Nerja, 25 de enero de 2022.-
La sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha reconocido que el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, la concejala de Servicios Municipales, Gema García, y el entonces concejal de Playas, Francisco Arce, no cometieron delito de prevaricación ni de malversación, entendiendo que la adjudicación del contrato para la puesta en marcha del Plan Extraordinario de limpieza viaria, playas y jardines de 2019, con el que se pretendió dar una solución rápida al problema de limpieza en periodo estival, no fue una resolución administrativa radicalmente injusta y arbitraria, y además no se desviaron indebidamente fondos públicos ni consta que se haya causado perjuicio a la Hacienda Local. Así se confirma en el Auto dictado por el magistrado, en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el concejal no adscrito, José García Beltrán, al Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Torrox, que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.
El alcalde ha celebrado la buena noticia destacando que viene ha confirmar que la conducta política de los cargos públicos de este grupo de gobierno no merecen reproche penal alguno en este asunto, lo que supone otro varapalo mas para el concejal no adscrito así como para los portavoces de grupos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, que se alinearon con José García Beltrán con el objetivo de hacer daño, judicializando la vida política y generando así un gasto económico innecesario a nerjeños y mareños, derivado del procedimiento judicial.
Una vez iniciado el periodo corporativo actual, en julio de 2019 las Concejalías de Limpieza y Playas del Ayuntamiento de Nerja pusieron en marcha de manera urgente el Plan Extraordinario de limpieza viaria, playas y jardines, ante la situación de insalubridad y acumulación de suciedad en las calles del municipio, provocada por la mala gestión del gobierno tripartito PSOE – Izquierda Unida – Eva-Podemos, que dejaron caducar la Bolsa de Trabajo impidiendo la contratación del personal necesario para cubrir debidamente los servicios municipales esenciales.
