Revista Quincenal Gratuita
En la actualidad, aunque parezca impensable, siguen existiendo arrendamientos de renta antigua, que perjudican notablemente al arrendador ya que los contratos se mantienen con la misma renta que antaño, que si la comparamos con las actuales rentas en el mercado inmobiliario son insignificantes, con lo que el propietario obtiene un beneficio irrisorio.
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La situación económica de muchas personas a raíz de los efectos de la pandemia, unida a su beneficiosa tributación prácticamente en la mayor parte de las comunidades autónomas y los posibles cambios legislativos que se podrían plantear en un futuro próximo, han despertado un gran interés en la realización de donaciones.
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Actualmente estamos viviendo una situación de crisis económica provocada por la pandemia ocasionada por la COVID 19, en la que muchos negocios se han visto abocados a echar el cierre y otros sobreviven como pueden.
De cara a posibles daños de diferente índole es normal que en todos los negocios se disponga de un seguro de comercio, seguro de negocio o multirriesgo.
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La reforma introducida por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria y la Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario ha modificado los procedimientos tradicionalmente regulados por la legislación hipotecaria.
[Leer más…] acerca deInscripción de fincas mediante expediente de dominio notarial
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia del 26 de abril, en el proceso de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes, ha reconocido a favor de la esposa una indemnización de 27.000 euros en concepto de compensación por su «trabajo para la casa».
Uno de los delitos que más confusión genera entre la población es el delito de tráfico de drogas. Son muchas las personas que consumen pequeñas cantidades de sustancias que no son consideradas como graves para la salud, como por ejemplo la marihuana, frente a otras que consumen drogas mucho más dañinas, como la cocaína.
[Leer más…] acerca deTráfico de drogas. El consumo propio no es delito
Hay impuestos e impuestos. Ninguno está entre las cosas preferidas de los ciudadanos pero muchos son comprensibles, hasta útiles. Necesarios.
[Leer más…] acerca deTribunal constitucional sentencia Plusvalías municipales
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha fallado la primera sentencia en la que se condena a una entidad bancaria a reintegrar al cliente los gastos correspondientes a la formalización de la hipoteca entre los que se encuentran los de notaría, gestoría, registro o Actos Jurídicos Documentados.
Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza es la primera dictada y que sigue el criterio que marcó el Tribunal Supremo en su sentencia del 23 de diciembre de 2015 en la que se declaraban nulas las cláusulas que obligaba a los clientes a asumir diversos gastos.
De acuerdo con ambas sentencias, “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución especial ( art. 685 LEC )”.
El origen del derecho de audiencia lo encontramos en el artículo 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, según el cual: “Todos los menores tienen derecho a ser oídos en los procedimientos en los que se traten asuntos de su interés“. En el mismo sentido se pronuncia la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, de la que España es parte.
Para que se lleve a cabo este medio de prueba, a criterio de algunos o actuación judicial, según otros, es preciso que el Juez valore prudencial y motivadamente que concurren los siguientes requisitos:
– Que se trate de un procedimiento en el que se adoptará una decisión que afecta a la esfera personal, familiar o social del menor.
– Que el menor tenga madurez suficiente.
– Que sea conveniente a su interés ser oído.
– Que no sea contraproducente ni le ocasione un perjuicio.
Es en los procesos de familia donde dicho Derecho cobra total protagonismo, el artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que, si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.
Cuando se produce la ruptura del matrimonio, qué hacer con la vivienda familiar es una cuestión, que además de frecuente, provoca muchas fricciones y situaciones dudosas.
Durante la vigencia de la sociedad de gananciales, no sólo puede suceder que los cónyuges adquieran un inmueble, sino que se pueden presentar diferentes escenarios, tales como la construcción de una vivienda sobre terrenos que pueden tener carácter ganancial o privativo.
Por ello vamos a analizar aquellos supuestos que se producen normalmente:
1.Cuando la vivienda pertenece a uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio, y por tanto antes de constituir la sociedad de gananciales, será considerada vivienda familiar privativa.
2.Igualmente se considerará vivienda familiar privativa en el caso de que se hubiese comprado y pagado la vivienda (que después constituirá el domicilio familiar) mediante documento privado por uno de los cónyuges antes de la sociedad de gananciales, aunque se hubiese escriturado con posterioridad.
3.La vivienda adquirida por herencia, será privativa de aquel que la hubiese heredado.
4.Si la vivienda familiar fue adquirida con dinero obtenido por la venta de un bien privativo, será considerada como bien privativo de aquél de los cónyuges del que procediese el dinero.
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