Sube la factura de la luz y baja el número de familias que pone el aire acondicionado sin remordimientos. Aunque parezca impensable que algo tan básico se esté convirtiendo mes a mes en un producto de lujo, el precio de las energías ―luz y gas— ha aumentado alrededor de un 70% en los últimos diez años. Aunque la explicación “oficial” sea que las subidas se deben a factores meteorológicos o a aumentos de la demanda en determinadas épocas del año, la realidad es bien distinta.
Según el Informe del sistema eléctrico español de 2017, a pesar de que las energías más baratas ―renovables y nuclear— cubren más de la mitad de la demanda eléctrica del país, el funcionamiento del mercado en el que las eléctricas subastan diariamente el precio del megavatio (MW), establece dicho precio según su coste producido a través del carbón y del petróleo, las energías más caras, sin tener en cuenta a cuánto saldría este si fuese generado por las energías más rentables económicamente. Es decir, normalmente el aumento en el precio de la luz va vinculado al aumento de los carburantes que, a su vez, depende de la situación diplomática y geopolítica de los países productores situados mayormente en Oriente Medio.
Por este motivo, una mayor demanda y las condiciones meteorológicas solo condicionan una mínima parte del precio de la factura al ser requeridos refuerzos técnicos y una ampliación de la exportación energética. El verdadero repunte sin precedentes de las energías se corresponde con un entramado de abusos por parte de gobierno y compañías aprovechándose del desconocimiento de ciudadanos en cuanto al funcionamiento de las facturas eléctricas. El desglose aproximado de un recibo de la luz comprende en torno a un 40% en concepto de peajes como transporte o distribución; un 25% de impuestos que impone el Gobierno (IVA e impuesto a la electricidad) siendo de los más altos de Europa, y un 35% de gasto real cuyo precio de MW se obtiene como se explica en el párrafo anterior.
Ante esta situación, los principales afectados acaban siendo las clases medias y bajas, que tienen que priorizar el pago de recibos cada vez más inflados sacrificando otras necesidades familiares y reuniendo el dinero suficiente para no acabar —en los casos más extremos― con un corte en el suministro. Por otro lado, los autónomos y pequeñas empresas destinan un elevado porcentaje de sus ingresos al pago de la factura eléctrica, por lo que las continuas subidas de la luz suponen un duro revés a este tipo de negocios que sustentan la economía española, al constituir el 99% de la totalidad de empresas en nuestro país.
En este contexto, ningún gobierno ha fomentado de forma clara el uso de energías renovables ni ha tratado de poner fin a los abusos del oligopolio energético. Uno de los motivos ante la ineficacia del ejecutivo en materia energética y medioambiental podría ser que muchos políticos, tras acabar su carrera, se sitúan como altos cargos de compañías energéticas. Entre los casos más llamativos, dos de los ex presidentes de nuestro país como Aznar en Endesa cobrando un salario anual estimado de unos 200.000 euros o Felipe González en Abengoa recibiendo 126.500 euros al año por su trabajo como consejero de la empresa de gas privada.
Los intereses particulares del partido de turno se sitúan por encima del bienestar general de los ciudadanos y por ello, las dudosas relaciones entre cargos públicos y compañías privadas del ÍBEX interfieren en la transparencia de un sistema pensado para enriquecer a los que más tienen a costa de los que menos tienen.
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