Recientemente, con más habitualidad de la deseada, nos encontramos en nuestros centros educativos con el fenómeno del acoso escolar. Para reconocerlo, combatirlo y reducir sus efectos, recogemos sus principales características y las consecuencias legales que puede acarrear.

El acoso escolar, o “bullying”, es una forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

Así, para que podamos hablar de esta situación son necesarios:
- Un desequilibrio de poder: ejercicio de la fuerza verbal, física o psicológica del acosador respecto del acosado.
- Intencionalidad: Un deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte de un alumno frente a otro.
- Reiteración: la acción agresiva se repite en el tiempo y genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
Este acoso, en su modalidad de exclusión social, puede manifestarse en forma activa (no dejar participar) en forma pasiva (ignorar), o en una combinación de ambas. Pudiendo practicarse individualmente o en grupo.

El acoso puede también realizarse a través de medios de comunicación digitales o redes sociales: son los llamados Ciberbullying o ciberacoso, como el sexting, stalking o sextorsión. Este tipo de acoso se ha incrementado notablemente debido a que el acceso a Internet se ha generalizado con la posibilidad de acceder desde distintos dispositivos.

¿Qué legislación se aplica a este tipo de situaciones?
Las disposiciones básicas las encontramos en la Convención de Derechos del Niño, en la que está presente la necesidad de especial protección del niño frente a toda clase de maltrato, en la Constitución y en la legislación educativa.

Así, según la Ley Orgánica de Educación, todos los centros deben incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que garanticen su cumplimiento. El acoso físico o moral a los compañeros es una infracción tipificada como falta muy grave, que conlleva la aplicación de las medidas correctoras que se establezcan en cada caso (en última instancia la expulsión definitiva del centro).

Por último, indicar que en los casos más graves puede dar lugar a dos tipos de acciones en el ámbito judicial, civil y penal, cuyo procedimiento puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

La acción civil persigue la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados. Puede exigirse responsabilidad civil:
- Por culpa o negligencia basada en la existencia de una culpa in vigilando:
- del profesor, al no adoptar las medidas tendentes a evitar, paliar y erradicar esa situación de acoso escolar.
- de los padres del menor o menores acosadores, reclamando daños y perjuicios a los padres por los actos ilícitos de sus hijos.
Junto a la acción civil encontramos la acción penal, en tanto que las conductas se encuentren tipificadas en el Código Penal (lesiones, amenazas, coacciones, injurias, calumnias, agresiones y abusos sexuales…).

Finalmente no hay que olvidar que la Administración, como titular de los centros educativos públicos, puede ser también responsable de los daños causados como consecuencia del acoso, pudiendo exigírsele responsabilidad patrimonial por vía administrativa.